sábado, 17 de septiembre de 2011

Manifiesto 18-S en defensa de los Servicios Públicos

En una sociedad libre, democrática y moderna, tres de los pilares fundamentales en los que se apoya el bienestar de sus ciudadanos son la Sanidad, la Educación, y las pensiones de nuestros mayores. En los últimos tiempos, estos y otros pilares del estado vienen siendo cuestionados repetidamente, cuando no mermados directamente, como con los recortes que se nos anuncian de forma inminente. Invocan los que defienden la necesidad de hacerlo que no es viable mantener la situación actual, que por la crisis, es necesario acometer todo un proceso de ajustes entre los que se incluyen: recortes en Educación, con disminución de las plazas docentes, recortes en Sanidad, con la pretensión de promover el mal llamado copago (en realidad repago), y recortes en las pensiones, con su congelación y el aumento de la edad de jubilación, por mencionar solo los recortes más notorios en los derechos conseguidos tras tantos años de lucha del pueblo español.

·    Nuestra Constitución establece que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” y la Ley General de Sanidad que “el acceso a las prestaciones se realizará en condiciones de igualdad efectiva”. Si los poderes públicos son los encargados de velar por este derecho, ¿por qué se hace negocio con él privatizando servicios? ¿y cómo es compatible el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad con el copago o repago? ¿puede “copagar” lo mismo un desempleado, un parado, un deshauciado, que el Sr. Valcárcel?
·      Nuestra Constitución también establece que todos los españoles “tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad” y la Ley Orgánica de la Educación establece que los poderes públicos “se regirán por el principio de equidad y pondrán los medios humanos y materiales necesarios para conseguirlo”. Si como se pretende, los recortes presupuestarios se extienden al ámbito educativo, con disminución de profesorado y dotaciones, nuestro diferencial con el resto de Europa crecerá, y también lo hará la desigualdad, pues los más pudientes accederán a mayores niveles educativos a través de los centros privados, mejor dotados en medios y profesorado.
·       Nuestro ordenamiento jurídico también protege el derecho de nuestros mayores a tener una pensión digna y suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas tras una vida de trabajo. Sin embargo, se pretende también congelar las pensiones, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas. Paralelamente, se amplia la edad de jubilación para extender la vida útil del trabajador y retrasar su derecho a cobrar las prestaciones, con el impacto negativo adicional en el mercado de trabajo, y el consiguiente perjuicio de los parados.

Todas estas actuaciones constituyen el más grave atentado a los derechos y conquistas del pueblo español desde el inicio de la democracia, y los ciudadanos no vamos a quedarnos impasibles ante este atropello a los pilares más básicos del estado del bienestar, porque ningún Gobierno está legimitado para incumplir la Constitución, sino todo lo contrario.
No es compatible introducir recortes en estos pilares con el sostenimiento de los actuales niveles de gasto en apartados como defensa, sueldos de diputados, senadores, ministros, consejeros, y un largo etcétera que hace que este intento de recortar nuestros derechos sea aún más intolerable.

Y es por todo esto que exigimos:
- Detener cualquier proceso de privatización de los sectores básicos para la ciudadanía, particularmente la Educación y la Sanidad, por ser derechos inalienables, no sujetos a la búsqueda de rentabilidad o de negocio.
- Derogar la Ley de Sanidad de 1997 que permitió el inicio del proceso de privatizaciones que nos ha llevado a la situación actual.
- Retirar los proyectos de copago/repago en servicios básicos ya sufragados con nuestros impuestos, como la Sanidad, la Educación o la Administración de Justicia.
- Incremenar el gasto público en Sanidad y Educación hasta homologarnos al menos a la media europea.
- Detener la reforma constitucional que pone límites al gasto público, debiendo realizar referéndum consultivo para cualquier reforma de calado.
- Emplear los medios necesarios para conseguir el pleno acceso a Internet de todos los ciudadanos del estado, como elemento indispensable de acceso a la cultura, de participación ciudadana y de no discriminación.


NO A LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD, DE LA EDUCACION y DEL RESTO DE SERVICIOS PUBLICOS
NO A LOS RECORTES SOCIALES

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